Víctor Martínez Loredo es doctor en psicología, experto en conductas adictivas.

Una de las noticias que más ha llamado la atención en la creación del nuevo gobierno, además de su evidente gigantismo, es la creación de un Ministerio de Consumo. Este nuevo ministerio, dirigido por el líder de Izquierda Unida Alberto Garzón, es la primera cristalización de la promesa electoral de Unidas Podemos sobre la regulación del juego de apuestas, tarea que se enfrentará a distintas dificultades.

Por un lado, las competencias en materia de juego presencial están íntegramente cedidas a las comunidades autónomas. La única excepción es la de las apuestas gestionadas por la ONCE y la de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Es decir, son las comunidades autónomas las encargadas de legislar, reglamentar y ejecutar actuaciones relativas a casinos, bingos, salas de apuestas, etc. Por ejemplo, en Asturias, esta legislación se recoge en la Ley 3/2001 de Juego y Apuestas. Este hecho es importante ya que los datos epidemiológicos compartidos por el Plan Nacional Sobre Drogas indican un crecimiento en la prevalencia de juego presencial en la población española entre 14 y 18 años (de un 20.6% en 2014 o un 13.6% en 2016 a un 22.7% en 2018). Este crecimiento, aunque menor, también se encuentra en el canal online, competencia exclusiva del estado (10.2% y 6.4% vs 10.3%), siendo también un canal mayoritariamente utilizado por jóvenes entre 25 y 34 años (5.8% de prevalencia en dicha franja etaria en comparación con el 3.5 poblacional).

Esta cesión legislativa a las comunidades, aunque problemática, no deja sin margen de acción al nuevo ministerio: una de las tareas más importantes y demandadas desde distintos ámbitos es la regulación de la publicidad sobre juego en los distintos canales. Cuando se piensa en leyes que regulen la venta, distribución, consumo o publicidad de actividades potencialmente adictivas, lo más común es pensar en la ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, más conocida como la ley anti-tabaco. A pesar de las limitaciones de dicha ley y del margen de mejora de la misma, sin duda el nuevo ministerio acertaría si consiguiera delinear una regulación de la publicidad en el juego que siguiera el patrón del capítulo III de la ley anti-tabaco.

Si bien esto podría allanar el camino para la regulación de la publicidad en juego, existen varios obstáculos a superar. Por un lado, cuando se piensa en “la publicidad sobre juego”, nos viene a la cabeza las frases machaconas y repetitivas de distintas empresas instándonos a jugar o las imágenes de famosos mostrando las ventajas de jugar al póker o apostar al bingo. Sin embargo, quizá una de las campañas de publicidad más conocidas, recordadas y esperadas de todo el año es el anuncio de la Lotería de Navidad. ¿habrá excepciones para la Lotería de Navidad y otros juegos de la SELAE? ¿y de la ONCE? El estado no es propietario de ninguna empresa tabacalera; tampoco de ninguna empresa de la industria alcoholera. No obstante, existe toda una variedad de juegos de apuestas en forma de quinielas y loterías que es propiedad estatal, y debe decidirse si la ley de regulación de la publicidad contará con excepciones en este sentido. ¿será el final de esa melodía machacona que vende felicidad, familia y esperanza?

Es cierto que las características estructurales de las quinielas y loterías hacen que este tipo de juego de apuestas tenga un potencial adictivo prácticamente nulo y quizá es en este sentido en el que podría regularse las cuestiones relativas al juego (en función de dichas características para incentivar la reducción del poder adictivo de las distintas actividades). Sin embargo, esto no solo no impediría los anuncios de ciertos juegos de cartas sino que dejaría fuera de foco juegos de apuestas que no se anuncian pero que suponen uno de los mayores problemas adictivos: las máquinas tipo B o tragaperras, de las que se hablará en otro momento. Por otro lado, tampoco habría que olvidar que existe legislación autonómica que ya regula la publicidad del juego (aunque no sea en un ámbito nacional como es la televisión) y que el nuevo gobierno podría utilizar en función del efecto conseguido en cada comunidad. Por poner un ejemplo cercano, la ley de juego de Asturias ya indica, en su artículo 12, que la publicidad ha de ser meramente informativa, entendiendo por ello: el nombre comercial, los juegos que se practican en el establecimiento, los servicios que se prestan y los carteles informativos de situación. Eso sí, también se establece que la publicidad en el interior de los locales es “libre”; una de cal y otra de arena.

Otros de los obstáculos a los que se enfrentará tanto la regulación sobre la publicidad como sobre el propio juego es la presión de la industria del juego y otros actores políticos. Por un lado, la presión indirecta a través de la promoción de la moderación, la reducción de daño y uso responsable (“juega con moderación”), que desplaza la responsabilidad de los efectos perniciosos de dicha actividad a las personas consumidoras. Obviamente, nunca se promociona el juego o uso responsable en las actuaciones de la empresa. Algo parecido ocurre con el alcohol donde la industria alcoholera promociona un uso responsable de sus productos y la protección del proceso de producción mediante las DOP, entre otras medidas, para auto-imponerse limitaciones (beneficiosas para el sector) antes de que sea el propio estado quien lo haga (“bebe con moderación, es tu responsabilidad”). Efecto de todo ello es uno de los impuestos al alcohol más bajos del mundo. Las patronales del alcohol y del juego han aprendido la lección de la regulación del tabaco y ambas están presentes en las políticas de juego responsable. Por supuesto, también está la presión directa, amplificada por ciertos sectores políticos y mediáticos, ante las medidas destinadas a reducir el impacto pernicioso de las actividades de apuestas. Principalmente, este playing the nazi card se da ante los intentos de llevar a cabo medidas de prevención ambiental, aludiendo a la merma de la libertad individual de las personas para destinar su tiempo (y dinero) en las actividades que les plazca. Ya se encargará la industria del juego en hacer que les plazca apostar.

(Continúa en: El juego de los ministerios II)

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