Víctor Martínez Loredo es doctor en psicología, experto en conductas adictivas.

(Primera parte: El juego de los ministerios I)

Como comenté en la primera parte de este artículo, uno de los principales obstáculos que se encuentran los esfuerzos regulatorios del juego es la presión directa contra las medidas eficaces de prevención, aludiendo a la merma de la libertad individual de las personas. Las estrategias de prevención ambiental se encuentran entre las políticas de salud públicas más efectivas para reducir el daño relacionado con las adicciones, mediante la limitación de la accesibilidad y disponibilidad.

Los factores contextuales como la accesibilidad o la disponibilidad son esenciales para entender la prevalencia del trastorno por juego. En este sentido, el incremento en el número de salas de apuestas es preocupante, ya que a la mayor accesibilidad y disponibilidad física de los terminales de apuestas se une, poco a poco, la aceptación social de las apuestas como un juego o pasatiempo más. Este cambio en las normas sociales de los más jóvenes hacen más accesible y disponible (socialmente) y por tanto, más probable, este tipo de comportamiento.

La prevención ambiental se basa en actuar sobre el contexto y las normas sociales que actúan sobre el consumo, en vez de penalizar, precisamente, a individuos en su vida privada. Es decir, actuar a nivel comunitario en vez de intentar persuadir a individuos concretos. Entre las medidas más eficaces estaría la limitación de las edades de uso de ciertas actividades, la reducción de las licencias y densidad de puntos de venta, la prohibición de promociones y descuentos, el incremento de los impuestos o la reducción de las horas de apertura entre otras. Por ello, las medidas regulatorias respecto a las casas de apuestas están claras, y han de emular a las que ya se implementan con el tabaco. Las mencionadas anteriormente deben estar, de manera nítida, entre ellas.

Sin embargo y a pesar de la preocupación social sobre la crecida en el número de casas de apuestas, existen otros frentes relacionados con el juego y que deben ponerse (también) en el foco de las actuaciones preventivas. Por un lado, el juego online es una de los agujeros negros de la regulación y plaza de muchos de los jóvenes que realizan apuestas. Encontrar la manera más adecuada de limitar y restringir el acceso a menores y población vulnerable tanto a las actividades de apuestas como a la publicidad relacionada es, sin duda, uno de los grandes retos en la prevención de problemas relacionados con el juego. Las propias características de Internet (anonimato, inmediatez, acceso y disponibilidad 24h) y de las aplicaciones electrónicas facilitan el enganche de los jugadores a esta actividad. Ni siquiera la SELAE se libra de ello ya que permite en la propia app de las Loterías del Estado la programación de apuestas automáticas que se repiten semanalmente.

El otro asunto al que habría de enfrentarse también lo mencionaba en la primera parte del artículo. La gran atención social que está generando la proliferación de casas de apuestas en las distintas ciudades españolas deja fuera de foco una de las actividades que genera mayores problemas adictivos y que ha sido muchas veces descrita como la cocaína del juego. Quizá por ser ya una vieja conocida, este tipo de máquinas parecen escapar de la polémica, a pesar de ser una de las máquinas con mayor poder adictivo y el espejo de las nuevas formas de apuestas deportivas. Me estoy refiriendo a las máquinas tipo B, comúnmente denominadas máquinas tragaperras.

De nuevo entran en juego aquí la accesibilidad ya que el uso de estas máquinas fuera de casinos predice la presencia de problemas relacionados con el juego. En relación a esto, los cambios legislativos recientes en Reino Unido respecto a los horarios de apertura de las salas de apuestas y al número de terminales de apuestas permitidos han producido un incremento en el uso problemático de máquinas tragaperras entre las personas que buscaban tratamiento por trastorno por juego

A pesar de las distintas regulaciones que aplican distintos países, la mayoría de ellos limitan las tragaperras a locales con acceso restringido (e.g., casas de apuestas, casinos, pubs con control de edad, etc.). Sin embargo, la regulación española permite a negocios del sector de la hostelería operar máquinas tipo B, estando presentes en prácticamente cualquier bar y cafetería de acceso público. Este fenómeno, único en los países de nuestro entorno, es de gran importancia a pesar de la poca atención mediática quizá debido a la gran aceptación social que tienen las estas máquinas.

Ante este otro problema, la buena noticia es que la mayoría de las medidas que se podrían llevar a cabo de manera inmediata, son extrapolables a cualquier otra actividad de apuestas, incluidos los terminales de las propias salas de juego. Por ejemplo, una buena manera de reducir el acceso a las máquinas es a través de la identificación de los usuarios para su activación a través de lectores de DNI o tarjetas de débito/crédito en la propia máquina. Esta medida no únicamente reduciría la accesibilidad a los terminales sino que además permitiría registrar información relacionada con las apuestas y diseñar un sistema de mensajes de información que aparecieran en las pantallas durante las sesiones de juego. Mediante este sistema se podría informar al jugador sobre el tiempo que lleva jugando, la cantidad de dinero perdido, etc. Dichos mensajes de retro-alimentación han probado reducir el tiempo empleado en las apuestas. Además, la utilización de tarjetas de débito para activar los terminales de apuestas permitiría eliminar las transacciones monetarias durante las apuestas, haciendo el ingreso de las ganancias obtenidas directamente a la cuenta bancaria del usuario y estableciendo un gasto máximo en apuestas.

Por último, se necesita un esfuerzo preventivo importante para reducir la disponibilidad de y el daño producido por las máquinas tragaperras en España. Este objetivo se puede alcanzar mediante multitud de medidas como la eliminación de los receptores de billetes en las máquinas, la reducción de las horas de operatividad y la reducción o eliminación de locales de hostelería con licencia para operar máquinas tipo B en función de la proximidad de poblaciones de alto riesgo como por ejemplo colegios e institutos, centros de salud y hospitales, residencias de ancianos, centros de deshabituación, parques infantiles, etc.

Existe también una medida mucho más ambiciosa y polémica que sin embargo ha cosechado buenos resultados, no sin varias dificultades en su implementación. De nuevo, como ya pasó con el modelo islandés de prevención de alcohol y otras drogas, es un país nórdico el que apunta nuevas y eficaces, aunque controvertidas, medidas de prevención: la prohibición de las máquinas tragaperras, el establecimiento de un monopolio estatal sobre las mismas y su reintroducción en el mercado una vez reducido su potencial adictivo. Esta medida, utópica para muchas personas en nuestro país, es la que se ha implementado recientemente en Noruega y ha propiciado el primer experimento natural a nivel nacional sobre este asunto. En 2003, el parlamento noruego estableció un monopolio estatal sobre las máquinas tragaperras que las eliminó por completo del mercado durante dos años, reintroduciéndolas posteriormente. ¿Resultados? Reducción del juego y sus problemas sin evidencias de creación de mercado negro ni sustitución por otro tipo de actividades de apuestas.

Las distintas propuestas mencionadas aquí no son nuevas y cuentan con la suficiente evidencia empírica sobre su eficacia para reducir la prevalencia y frecuencia de juego así como las consecuencias negativas y problemas relacionados. ¿Qué es lo que falta? Principalmente determinación política y buen asesoramiento para tomar decisiones con criterios basados en evidencia. El conocimiento lo hay; la determinación, ya veremos.

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