Rafael Posada es profesor de Geografía e Historia

Durante este convulso 2020 se cumple el bicentenario del establecimiento del Trienio liberal (1820-1823), uno de los periodos claves para explicar la expansión del liberalismo en la España del s XIX y el nacimiento de la política moderna. Más allá de las distorsiones cronificadas sobre el s XIX español, muchas de las cuáles han cristalizado bajo diversas formas en los análisis de comunicadores, editoriales y discursos políticos, el acercamiento a uno de los primeros compases del régimen liberal nos revela un periodo intenso, complejo y fértil que nos permite acercarnos a los orígenes del sistema político moderno en España.

Nada nace de la nada

Como en cualquier otro periodo de la historia, la ballena que emergió entre las aguas del absolutismo fernandino para restablecer el régimen constitucional en los primeros meses de 1820 no se puede considerar de forma aislada, ni temporal ni geopolíticamente.

Por un lado, ya existía un hilo que comunicaba la preparación del pronunciamiento militar con el primer ensayo constitucional que se había producido durante la Guerra de la Independencia, con las Cortes de Cádiz y la aprobación de la Constitución Política de la Monarquía Española el 19 de marzo de 1812, “La Pepa”. Entre ambos acontecimientos, se habían llevado a cabo diversos pronunciamientos como los de Espoz y Mina (1814), Porlier (1815) o Lacy (1817) que habían intentado, sin éxito, acabar con el régimen absolutista que Fernando VII había establecido en 1814, tras la Guerra de la Independencia.

El creciente descrédito del rey durante sus años de gobierno y las influencias de los procesos revolucionarios europeos y americanos también forman parte del lienzo en el que va apareciendo el boceto del nuevo régimen liberal español. Desde 1810 se habían extendido por América los movimientos independentistas, provocando un importante descenso de los envíos de plata y una crisis de la Hacienda cuya carga fiscal recayó principalmente sobre el campesinado. Por otra parte, es destacable el papel de España como exportadora de revoluciones, cuyo impacto se dejó sentir a lo largo del arco mediterráneo dando lugar al ciclo revolucionario de 1820 que se extendería con especial importancia por países como Grecia, Portugal e Italia. Sobre los sedimentos del ensayo que representó el Trienio se producirá la consolidación del liberalismo en España a partir de la década de los cuarenta del s XIX.

De Riego y la revolución

Los relatos sobre el comienzo del Trienio se inician habitualmente con el pronunciamiento militar del comandante asturiano Rafael del Riego el 1 de enero de 1820, auténtico símbolo de la revolución liberal.  En los preparativos previos durante 1819 participaron, además del propio Riego, figuras como el coronel Antonio Quiroga, Mendizábal o Alcalá Galiano.

A Riego se le había encomendado la dirección del Batallón Asturias, que debía partir para enfrentarse a las insurgencias americanas. El dudoso estado de la flota y las precarias condiciones para combatir en América facilitaron que las tropas acantonadas en Cabezas de San Juan (Sevilla) apoyasen el levantamiento en el que Riego proclamó por primera vez la restitución de la constitución de 1812. Mientras el coronel Quiroga fracasaba en su intento de controlar Cádiz y Riego se trasladaba a la localidad de Arcos, el pronunciamiento se estancaba. Finalmente Riego, al mando de 1500 hombres, inició una expedición que atravesó Chiclana, Conil y Vejer, pasando de Algeciras a Málaga, donde fue obligado a retirarse hacia el norte.

Tras atravesar Córdoba, buscó refugio en Sierra Morena y, cuando estaba a punto de claudicar, a finales de febrero de 1820, llegaron noticias de que el movimiento se estaba extendiendo por otros puntos del país: la guarnición de La Coruña se pronunciaba a favor de la Constitución, en Oviedo una Junta Revolucionaria asumía el mando militar y político y a la corte llegaban los rumores del avance de los rebeldes constitucionales en Aragón y Cataluña. Esta vez, la revolución iba en serio.

El rey se decidió a actuar y, mientras con una mano encomendaba al Conde de La Bisbal dirigir las tropas para acabar con los rebeldes, con la otra aprobaba un decreto para anunciar reformas en la Hacienda y el ejército. Aunque la popularidad de Fernando VII tras ser liberado por Napoleón se había diluido, sin la intervención revolucionaria de los militares y las actividades de los liberales durante el sexenio absolutista probablemente el cambio no se hubiese producido.

El punto  de inflexión se produjo cuando el Conde de la Bisbal, que ya había mostrado sus vacilaciones en el pronunciamiento anterior, cambió de bando y dio su apoyo al levantamiento. El rey y su camarilla tomaron conciencia de la gravedad de la situación e intentaron redirigir la situación convocando unas Cortes estamentales.

Cuando el movimiento madrileño que desde la Puerta del Sol se trasladó a Palacio y exigió al rey que jurase la Constitución, el miedo se apoderó de la Corte. Esa misma noche, el rey acataba la Constitución y el día 10 de marzo se hacía público el célebre manifiesto real en el que el rey aceptaba marchar “francamente, y Yo el primero, por la senda constitucional”. Pero la franqueza, ahora lo sabemos, no era tal.

Liberales

Como sucede con el marxismo, cuando hablamos de liberalismo seguramente sea más preciso hacerlo en plural: liberalismos. Aunque la diversidad del debate ideológico y las diferentes posiciones hicieron aflorar una multitud de movimientos con intereses diversos, los liberales decimonónicos se van a agrupar en torno a dos tendencias o “partidos” a los que ya hemos hecho referencia: los liberales moderados y los exaltados.

Los doceañistas o moderados, gente de orden que generacionalmente habían participado en la vida parlamentaria durante la Cortes de Cádiz, eran partidarios de consolidar institucionalmente el régimen liberal a costa de  limitar la participación popular y conceder ciertas prerrogativas al rey. En este grupo se encuadran figuras como Agustín de Argüelles, Martínez de la Rosa, responsable de la aprobación del Estatuto Real de 1834, o el sacerdote Diego Muñoz-Torrero.

Por su parte, los veinteañistas o exaltados eran partidarios de ampliar la participación y firmes defensores de la libertad de imprenta. Era precisamente esa apertura la que les nutría de peso político y apoyos a través de Sociedades patrióticas, la Milicia Nacional y las cada vez más numerosas tertulias de café. A figuras como Istúriz, Riego o Quiroga se sumarían otras como Calatrava o Flórez Estrada, autor de un prematuro proyecto de Constitución presentada en noviembre de 1809 cuando ocupaba el cargo de Procurador General del Principado de Asturias.

Las visiones entre estos dos grupos enfrentados han dado lugar a interpretaciones diferentes sobre el Trienio y, aun, sobre el sistema político liberal. Ya desde el s XIX, las corrientes antiliberales interpretaron la dinámica de confrontación de posiciones entre diferentes actores políticos como una disfunción del liberalismo frente al monolitismo orgánico del Antiguo Régimen. Las diferentes posturas y sus correspondientes movimientos tácticos, característicos del juego político, formaban parte del desarrollo del debate público y del combate por conseguir la hegemonía y el favor de la opinión pública, algo que los serviles y una parte de los moderados nunca llegaron a asumir. Lo que el absolutismo identificaba como conspiraciones no eran sino los primeros compases de una sociedad liberal en la que el debate, las reuniones para cambiar la correlación de fuerzas o sumar apoyos, la eclosión de publicaciones, sociedades y encuentros formaba parte de la proyección efectiva de los derechos que permitía el marco constitucional y que facilitaron el nacimiento de otros grupos que acabarían ahondando en la profundización democrática.

Si durante el propio s XIX, la historiografía moderada se cebó en el fraccionamiento y el sectarismo del liberalismo exaltado, las lúcidas críticas del movimiento regeneracionista sobre la Restauración acabaron proyectándose sobre el resto del s XIX. Por su parte, las dictaduras militares del siglo XX dibujaron un pasado histórico bajo el rechazo a todo lo que tuviera que ver con el liberalismo o el republicanismo, a los que responsabilizaban de los males de España. En  la actualidad todavía resuenen los ecos de una “España sin solución” o las miradas épicas sobre un nacionalismo español que, con una combinación de fatalismo y heroísmo, se apoya en cualquier relato que pueda reportar réditos políticos o editoriales.

Por supuesto, muchos de los análisis críticos sobre los límites de la evolución política del s XIX español son clarificadores y funcionales, pero existe un considerable consenso entre los especialistas acerca de la sobrecarga de interpretaciones utilitarias, simplificadas y heredadas sobre este periodo de la historia que ha vaciado de referencias en gran medida el uso actual del término liberal.

La transformación de la política

Un aspecto importante del discurso liberal durante el Trienio pivotaba sobre la idea de que la libertad y autonomía que facilitaba la Constitución (y no la intervención militar) sería la solución a los problemas americanos. En un momento en el que la cuestión americana era central, esta postura, más o menos ingenua, fue acompañada de iniciativas efectivas hacia las provincias americanas que formaban parte del conglomerado político español. Entre los primeros diputados elegidos en julio de 1820 se incluirían diputados peninsulares y, poco después, representantes de las provincias de Ultramar. Esto no evitó que, en 1821, se produjera la independencia de México.

Las nuevas Cortes que empezaron su andadura en julio de 1820 sustituyeron a la Junta Provisional Consultiva (conocida como la Junta de los presidiarios debido a que varios de sus componentes estuvieron encarcelados durante el Sexenio absolutista).  En ellas la mayoría fue inicialmente moderada y destacaba la presencia del clero que, aunque había descendido en número en relación a las Cortes anteriores, seguían siendo clave en el desarrollo del aparato gubernamental representativa para buena parte del electorado a pesar de que una parte de la actividad legislativa recortó sus privilegios.

Las medidas aprobadas en Cortes estuvieron destinadas, principalmente, a desmantelar el Antiguo Régimen mediante la continuidad de las reformas iniciadas durante las Cortes de Cádiz: abolición de la Inquisición, eliminación de privilegios, expropiación de señoríos y establecimiento de la libertad de industria, así como supresión de mayorazgos y “manos muertas” para poner en marcha el mercado de propiedades de la tierra. Mención especial merece la supresión de la mitad del diezmo en junio de 1821, el impuesto que pagaba el campesinado a la Iglesia y que constituía una importante fuente de ingresos para el clero. Todo esto fue posible al estar vigente la Constitución en un contexto de normalidad y a pesar de las tensiones entre partidos, las conspiraciones del rey y la presión internacional.

Más allá de la actividad legislativa, uno de los aspectos característicos del Trienio es, precisamente, la intensidad de la actividad política debido al aumento de cauces de participación. En este sentido, el Trienio supuso una auténtica escuela política liberal para una parte importante de la sociedad a través de la profusión de procesos electorales a escala local, provincial y estatal y de la participación de las clases populares a instancias del liberalismo exaltado. Al púlpito se unieron los cafés, la calle y la prensa cuya influencia fue creciente con la aparición de numerosos periódicos como El Conservador, El Universal o La Colmena entre muchos otros que proliferaron en las capitales de provincias.  Los periódicos se leían de viva voz en cafés, tertulias y plazas fomentando opiniones abiertamente partidarias en la medida en que funcionaban como órganos de expresión de las diferentes opciones políticas. El teatro, los púlpitos de las iglesias, los poemas callejeros o las publicaciones satíricas fueron herramientas que se sumaron a la difusión de ideas y a la participación del público en la nueva era de la discusión política.

El fin del Trienio

En 1822 los liberales exaltados acceden al gobierno. En las nuevas Cortes, de las que Riego fue elegido presidente, la nobleza apenas tenía presencia y el clero había reducido su representación substancialmente. Funcionarios, abogados comerciantes e industriales pasaban a ocupar esos escaños y el ejército contaba con una importante presencia.

Con la llegada de los exaltados, el enfrentamiento con el absolutismo se agudizó. A partir de entonces se producen varios intentos contrarrevolucionarios en Valencia, Madrid (por parte de la Guardia Real) y en Urgell, donde las partidas realistas crearon un gobierno alternativo para restablecer el absolutismo bajo el reinado de Fernando VII.

Aunque las fuerzas contrarrevolucionarias tenían como referencia a Fernando VII el entramado de fuerzas antiliberales no era suficiente para acabar con el sistema constitucional. El fin del Trienio no se produjo por los enfrentamientos entre liberales, por el caos en la que estaba sumida la sociedad ni por los intentos realistas. Fue necesario que a todo eso se sumase la intervención de las potencias europeas.

El rey nunca rompió formalmente con el régimen a pesar de sus ambiciones, y sus actividades frente al régimen se desarrollaron en la clandestinidad. Ni las provocaciones de ciudadanos que le gritaban “¡Viva el rey constitucional!” o le cantaban el “Trágala” le hicieron romper con la Constitución abiertamente. Su actividad contra el régimen se desplegó bajo una discreción absoluta a lo largo de todo el Trienio mediante relaciones extraoficiales con políticos, militares, clérigos y todo tipo de agentes contrarrevolucionarios.

Finalmente, sus relaciones con el exterior fueron claves. El Congreso de Verona celebrado en octubre de 1822 llevaba en la agenda la situación de España. Francia consiguió el respaldo de Rusia para asumir el protagonismo de la intervención que restablecería a Fernando VII y, a la vez, le permitiría mostrarse nuevamente como una gran potencia militar. En abril de 1823 se iniciaba la expedición con el duque de Agulema al frente de los “Cien Mil Hijos de San Luis” y con el apoyo de las fuerzas realista. La guerra se prolongó hasta octubre con el Gobierno replegado en Cádiz y la publicación del Decreto por el que se derogaba la Constitución. Un mes después, Rafael del Riego era ejecutado en la Plaza de la Cebada de Madrid. Volvía el régimen absoluto bajo el mando de Fernando VII aplazando la dilatada implantación del régimen liberal en España.

 

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