Manolo Monereo es Analista político

Para los compañeros y compañeras de la Sociedad Cultural Gijonesa y para mi amigo Celso Miranda.                                                                                                               

No es fácil competir contra los prejuicios y contra las cifras. Mejor dicho, los prejuicios que las cifras reafirman. Es ya una vieja historia: una Europa que nos vuelve a salvar de una crisis. Los adjetivos se ha usado sin límite y palabras como solidaridad, histórico y ayuda han rebasado todos las fronteras conocidos. El europeísmo es una ideología y actúa como un pre-juicio que intenta explicar desde ella la realidad. Si a la misma se le añaden cifras enormes que poco o nada tienen que ver con la experiencia de las personas, el discurso se cierra en una clave que los medios de comunicación refuerzan.

Al final, la idea que queda es simple: la Unión Europea, en una muestra de solidaridad, ayuda a los países que más han sufrido el Covid19. La canciller Merkel da pruebas insuperables de sabiduría política y de generosidad. La UE –la única Europa posible- coge de nuevo el timón y marca el destino en un mundo duro y difícil. Si esto es repetido una y mil veces por los medios de comunicación, la clase política unánimemente lo reafirma y los intelectuales lo legitiman, es muy difícil que el pensamiento crítico se desarrolle. A esto habría que añadir algo típicamente español; a saber, que esta Europa es un bien en sí, indiscutido e indiscutible. Como tal, debería estar fuera del debate público. De facto, se convierte en un discurso disciplinario que tiende a marginar todas aquellas posiciones que se oponen a este modelo concreto de integración europea y a sus consecuencias geopolíticas, económicas y sociales.

Con estos antecedentes, resulta muy difícil explicar que los famosos fondos llegarán tarde (lo que tiene graves consecuencias), que son insuficientes para la importancia de la crisis económica y sanitaria, que están fuertemente condicionados y que, una vez más, se sigue cediendo soberanía a órganos no electos y sin responsabilidad. Sobre esto algunos de nosotros ya hemos escrito dando opinión, cifras y argumentos, pero difícilmente llegan a una mayoría y, lo que es peor, no suscitaran un verdadero y plural debate público porque se silencian las voces críticas.

En los momentos de crisis, que sigue estando ahí y que aún no se ha abierto del todo, el peligro es siempre aferrarse a las viejas certezas. Parecería que el europeísmo es como la última ideología, como el único consenso posible de una España que está enlazando una crisis de régimen y de Estado y, lo que es más grave, una crisis de futuro. En su centro, la “cuestión” juvenil que se convierte en estructural y que engarza a varias generaciones. Los jóvenes que tenían 18 o 20 años en el 2008 sufrieron la crisis y  hoy, siendo jóvenes todavía, vuelven a sufrir otra aún más grave y con salidas más inciertas. La crisis de la democracia en España, que la tenemos delante de los ojos y no la queremos ver, es también generacional y obliga a un replanteamiento de idearios, estrategias y modos de hacer y comunicar la política. Europa (que es mucho más que la UE) debe ser abordada como un territorio de confrontación, de definición  estratégica situando en torno a ella los grandes problemas políticos; es decir, la soberanía popular, la independencia nacional, la justicia y el conflicto social.

Una primera cuestión es la definición de qué es la UE como artefacto jurídico-institucional. A mi juicio, se trata de un sistema de dominación política de nuevo tipo que organiza, administra, disciplina a las clases económicamente dominantes; asegura la coherencia de sus intereses generales; impone una política económica única para el conjunto de la Unión y, fundamental, garantizado por el Estado alemán. Se trata una operación con voluntad de hegemonía; como al final esta se sustenta en el poder político, se ancla en la potencia dominante que es, en este caso, Alemania. El concepto de poder estructural define bien la capacidad de este Estado para imponer unas reglas del juego y unos comportamientos a los actores estatales que siempre acaban por beneficiarlo.

Una segunda cuestión tiene que ver con la forma-institución de la UE. El tema es tan oblicuo y, a la vez, tan debatido, que las distinciones tienden a confundir más que aclarar. Los debates sobre las sentencias del Tribunal Constitucional alemán nos dicen que estamos en los límites de una organización basada en Tratados que ha ido asumiendo competencias cada vez más decisivas y que tiende a convertirse en una forma-Estado en base a un ordenamiento jurídico que actúa materialmente como una constitución supraestatal. La confusión conceptual es parte de un operativo que mezcla elementos de confederalidad, federalidad y supra estatalidad, que el Tribunal de Justicia europeo interpreta como si fuese un tribunal constitucional al uso. Hablar de límites significa que la integración ha llegado a un nivel que obliga a una decisión jurídica fundamental: o se avanza hacia un Estado Federal o se vuelve, de una u otra forma, a los Estados nación que hemos conocido hasta el presente. La continuidad institucional de esta Unión Europea será una permanente fuente de conflictos, degradación de las democracias existentes, renacimiento de nacionalismos extremos, debilitamiento de las libertades públicas y sobrexplotación de las clases trabajadoras.

La tercera cuestión es eludida sistemáticamente en todos los debates y, sin embargo, es determinante. Ningún Estado- grande o pequeño- está dispuestos a disolverse. Por mucho que se insista, no hay un pueblo europeo ni un demos disponible. Conforme avanza la integración, la reafirmación de la identidad nacional, de la soberanía estatal y de la democracia como autogobierno, aumenta en cada uno de los países, hasta el punto de que las viejas y nuevas derechas se fortalecen defendiendo estas aspiraciones. No es casualidad. El artefacto jurídico político que ha ido definiendo la UE, lo que realmente buscaba era lo que Hayek llamaba federalismo económico; es decir, desposeer de la soberanía económica a los Estados y sustraer del debate público la política económica, ya que para ellos la única economía verdadera es la neoliberal.

Hablar de una Europa europea, como lo hacía el viejo De Gaulle, no es una redundancia, es una apuesta política fundamental. Lo que estamos viviendo desde hace más de 30 años es una progresiva “norteamericanización” de nuestra vida pública; es decir, la sustitución de la forma-democracia construida en los Estados europeos y que tiene en el conflicto de clases su motor fundamental. La integración europea tiene también esta cara oscura que limita radicalmente la soberanía popular, el constitucionalismo social y la política entendida como capacidad de decidir sobre modelos económicos y sociales diferenciados. Involución política, degradación social e incremento sustancial de las desigualdades van de la mano cuando la democracia se desliga de la transformación social, de la lucha por la justicia. Norteamericanización de la vida pública significa una democracia entendida como mecanismo de selección de las élites gobernantes, defensora de los intereses privados y desconectada de la lucha por la igualdad sustancial.

No hace demasiado tiempo Oscar Lafontaine hablaba de la necesidad que tenía la UE de repensarse, de avanzar sobre diversos planos y de retroceder sobre otros que se estaban demostrando extremadamente nocivos y que dividían a Europa. Nadie, a estas alturas, duda de que el euro está mal concebido y diseñado, ha acentuado la diferenciación entre un centro cada vez más poderoso y unas periferias cada vez más dependientes; la separación entre política fiscal y económica y política monetaria no es sostenible y está en el origen del estancamiento económico y social que vive la UE; la concepción de la moneda como como simple medio de cambio ignora que esta es una institución social que depende de la autoridad del Estado. El carácter incompleto del euro llama la atención sobre un hecho que retornará inevitablemente ante cada crisis: que no hay moneda sin unidad económica y fiscal; que la extrema heterogeneidad económico-social de los países que componen la Unión se acentuaría sin una drástica intervención de los poderes públicos. Que no hay moneda sin un Estado que la que la imponga y garantice.

La Unión Europea está rompiendo a Europa y la está haciendo imposible. La razón está cada vez más clara: se quiere construir una Europa sin y contra de la soberanía popular; sin y en contra del Estado social; sin y en contra de los derechos sociales fundamentales; sin y en contra de la política entendida como procedimiento, deliberación y decisión entre proyectos diferenciados. La política interior y exterior siempre están relacionadas. No debería extrañar, con estos fundamentos, que a más integración europea, más dependencia de los EEUU, mayor incapacidad para intervenir de forma activa y positiva en un mundo que cambia aceleradamente y, lo que es más grave, carencia de una política solvente y autónoma de alianzas internacionales.

La propuesta de una Europa europea significa construir un proyecto desde aquello que nos hace fuertes: Estado social, soberanía popular, derechos y libertades públicas constitucionalizadas, democracia económica y social. No debería haber demasiadas dudas, en las condiciones actuales una Europa-Estado sería una Europa alemana. Eso no ocurrirá. ¿Dónde está clave? A mi juicio caminar hacia una Europa confederal. No se trata de compartir soberanías sino de fortalecerlas; de definir políticas comunes y reforzar las cooperaciones para desarrollar la autonomía productiva, los derechos sociales y la democracia de cada uno de los Estados; una salida pactada del euro que permita transitar a economías más auto centradas y con mayor capacidad para implementar políticas de desarrollo regional e industrial. Se podría continuar.

Se dirá que esto no es posible. Que los grandes Estados se opondrían. Que las derechas no aceptarían una Europa así construida. Entonces solo cabe decir la verdad: que la Unión Europea es incompatible con los derechos sociales fundamentales; que se opone a la soberanía popular y que es un instrumento para debilitar a las clases trabajadoras y a los sindicatos. Que su objetivo último es poner fin al constitucionalismo social y que, más allá de la retórica, lo que pretende es una involución histórica de grandes dimensiones. No será viable.

La Parra, 16 de agosto de 2020

Pin It on Pinterest

Share This
X