Celso Miranda es economista y directivo de La Ciudadana Asociación Cultural.

El acuerdo en el seno de la UE alcanzado poco antes de las seis de la madrugada del pasado 21 de julio para regar de fondos las economías más castigadas por la crisis de la COVID19 no muta la naturaleza de esa misma UE, un constructo superestructural nacido para implantar políticas de carácter neoliberal con el objetivo de coadyuvar a la acumulación de capitales, pero supone un cambio paradigmático respecto a otros hitos anteriores, particularmente la respuesta europea a la crisis financiera de 2008. Alguien (Merkel) ha entendido que la crisis es seria (una pandemia mundial sin vacuna no es cosa menor, dicho sea en términos marianistas) y una respuesta cicatera podría significar, esta vez sí, una grieta demasiado seria en el sistema euro, enfrentándose directamente a países de la entidad de Italia, España o la propia Francia, que han visto además aumentado su peso relativo tras el Brexit. No estamos en el mismo escenario de 2015, donde la pequeña Grecia fue aplastada y humillada en el altar de los juegos financieros europeos, con la cabeza de Varoufakis sangrando en una pica y la de Tsipras recogida entre las piernas tras defraudar la opción democrática de su propio pueblo.

Para España, que tuvo que sufrir los embates de los países autodenominados “frugales”, contrarios a la mutualización de la deuda y a las transferencias a fondo perdido y partidarios de la condicionalidad dura en forma de ajustes estructurales, el acuerdo tiene sabor a éxito o, al menos, como tal puede venderse, aplausos al margen. España es el único país de los 27 con un gobierno que tiene en su seno fuerzas a la izquierda de la socialdemocracia, por más que el populismo de izquierdas haya sido encauzado en un programa de gobierno de carácter propiamente socialdemócrata. Y el gobierno español, tantas veces tachado de socialcomunista, puede seguir manteniendo en pie una senda política caracterizada por “contrarreformas” como la derogación de la reforma laboral, el mantenimiento de un sistema público de pensiones periódicamente actualizado, como fija la Constitución, o la implantación de una “reforma” fiscal de carácter progresivo, alejada de las típicas deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, la reducción de los tipos de IRPF o las subidas indiscriminadas en el IVA y otros impuestos indirectos. Se mantienen incluso las opciones de añadir al guiso presupuestario nuevas figuras impositivas como la denominada Tasa Google (impuesto sobre los beneficios de la industria tecnológica) o la Tasa Tobin (impuesto sobre las transacciones financieras).

El impacto del monto total de los fondos, aunque sea diferido en un escenario plurianual (2021-2027) va a ser indudable, por más que el impacto de la crisis vaya a ser, desgraciadamente, muy superior, tal y como adelantan ya la mayoría de los indicadores económicos, y muy significativamente la caída del PIB en el segundo trimestre (18,5%, los peores datos de la UE).

El acuerdo europeo ha sido muy difícil de digerir por la derecha española que, confundiendo deseo con realidad y cayendo en las trampas de su propio relato, ha jugado este partido en el equipo contrario, apostando a las invectivas de paraísos fiscales como Holanda, cuyas prácticas financieras en el terreno de la elusión fiscal perjudican a nuestro país en aproximadamente 1.000 millones de euros anuales, sólo en lo relacionado con las multinacionales norteamericanas que operan en España y no tributan aquí. El monto de los impuestos no pagados en España gracias a las políticas fiscales y financieras del conjunto de los países cínicamente autodenominados “frugales” asciende a unos 25.000 millones de euros en los últimos diez años (2.500 millones anuales). Téngase en cuenta para poner en perspectiva el impacto de esta práctica que los cálculos de ingresos por los nuevos impuestos (Tasa Google y Tasa Tobin) supondría un importe de 1.800 millones de euros anuales. La crisis de deuda de los países del Sur de Europa es el reverso de la existencia de paraísos fiscales en su seno.

Frugalidad equivale a moderación en el consumo y la deuda de Holanda, en su conjunto (incluyendo deuda privada) equivale en porcentaje del PIB a la de Grecia y supera ampliamente a la de España o Italia (la deuda privada supone un 242% del PIB holandés y un 131% del español).

El balón de oxígeno de los fondos europeos, más allá de que pueda ser una especie de pan para hoy, hambre para mañana, ya que el derecho de veto por un solo país sigue existiendo, sirve para acometer una batalla que promete dureza extrema y que espera a la vuelta del verano: los Presupuestos Generales del Estado, que serían los primeros de un gobierno progresista que gestiona aún prórrogas de los Presupuestos del Ministro Montoro.

La endiablada aritmética parlamentaria va a dificultar enormemente el café para todos en la distribución territorial de esos fondos adicionales, con un PNV muy experto a la hora de optimizar sus apoyos y unas elecciones catalanas en el horizonte cercano. El polvorín catalán pendiente, además, de la política penitenciaria, que aleja por el momento a ERC de la ecuación presupuestaria. Meter en esa ecuación a la única fracción de la derecha en situación de comprometer su apoyo a las cuentas (Ciudadanos, en caída libre tras las elecciones gallegas y vascas) serviría probablemente para que el gobierno ganara crédito y holgura en Europa pero perdiera carga de profundidad en España a la hora de hacer nacer unos Presupuestos de carácter progresista con potencial de fuego para seguir manteniendo el escudo social frente al COVID, sentar las bases de un modelo productivo más sólido para nuestro país, con empleo estable y de calidad y una política de impuestos que hiciera posible que, por una vez, la crisis la paguen las y los de siempre, las clases subalternas. Muy estrecho se nos antoja el margen para esa senda presupuestaria tan necesaria, en la que la derecha carpetovetónica, ajena a disquisiciones económicas como las reflejadas en este artículo, apunta a la moción de censura (“la maté porque era mía”) como único leitmotiv. Debate presupuestario y moción de censura, dos asignaturas para septiembre.

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