José Manuel Zapico es secretario general de CCOO de Asturies

Como representantes legales de la clase trabajadora, los sindicatos somos un pilar esencial en la arquitectura del Estado de derecho. Nuestro papel está recogido en la Constitución, y contamos con la representatividad que nos otorgan las elecciones sindicales, en las que millones de personas nos respaldan. Quien ataca a los sindicatos, quien cuestiona su legitimidad, lo está haciendo con la propia democracia.

Porque ha ocurrido: en la última década fuimos criminalizados, se nos privó de recursos económicos legítimos, sufrimos campañas desmedidas de descrédito y vimos reducido -con las reformas laborales- nuestro poder contractual en las empresas.

Un ataque en toda regla de la derecha política, económica y mediática, que buscaba socavar nuestro poder e influencia y la capacidad del sindicalismo de clase de contener la ofensiva neoliberal de privatizaciones y recortes (no solo en los derechos laborales) en los servicios públicos, y muy particularmente en la sanidad: solo durante el primer Gobierno de Rajoy el Sistema Nacional de Salud perdió 28.500 trabajadores y trabajadoras, con las nefastas consecuencias que se han visto.

Pero no nos doblegaron, y a día de hoy seguimos representando a millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, sumamos a nivel confederal el 70 por ciento de los delegados y delegadas.

Aunque, ciertamente, queda mucho trabajo por hacer: en más de 500.000 empresas de nuestro país no se realizaron elecciones; nos enfrentamos al aumento del sindicalismo corporativo, “legítimamente egoísta”; jóvenes, mujeres y falsos autónomos carecen en muchos sectores de la capacidad de negociación colectiva, lo que impide la defensa efectiva de los derechos y la posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo.

Por nuestro nivel de afiliación y la representación que tenemos en las empresas, Comisiones Obreras es el primer sindicato (y la mayor organización sociopolítica de nuestro país). Por eso seguimos siendo protagonistas principales en la defensa de otro modelo social, más justo e igualitario.

En Asturias somos también la primera fuerza sindical. Y hemos participado en todos los procesos de concertación regional, desde 1988 hasta el reciente CREA (Concertación para la Recuperación de Asturias) suscrito por CCOO, UGT y Fade con el Gobierno asturiano.

En la crisis provocada por el coronavirus seguimos estando en el centro del escenario político y social. Algunas de nuestras propuestas han sido recogidas y puestas en marcha por el Gobierno central, como el derecho al cobro de prestación para las personas afectadas por ERTE que no hubieran cotizado suficientemente, o el subsidio para empleadas del hogar, entre otras. Una vez más, y en circunstancias particularmente difíciles, el sindicalismo que representamos ha demostrado su capacidad para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora, y por extensión del conjunto de la ciudadanía.

Indudablemente, la respuesta a la pandemia, así como la revolución digital en marcha y las nuevas realidades laborales que se abren paso (economía colaborativa, teletrabajo…) nos obligan a adaptarnos para seguir siendo útiles, imponiendo cambios en la acción sindical en las empresas, en los objetivos y estrategias del diálogo social, e incluso en el ejercicio de la movilización.

Por otra parte, la pandemia ha puesto en cuestión el modelo económico y de vida que mantenemos, basado en un capitalismo salvaje que crece a través de la globalización y la explotación de los recursos, con el consiguiente aumento de la contaminación y la destrucción de la naturaleza. Un capitalismo voraz y depredador, cuya élite también engorda a expensas incluso del propio ser humano, convertido en una pieza del engranaje a su servicio.

Repartidor covid

NUEVOS RETOS

En CCOO de Asturias defendemos un modelo sindical anclado en los centros de trabajo y con la vista puesta en una sociedad más justa y con más derechos, más solidaria.

Y para avanzar en esos objetivos necesitamos obtener resultados prácticos, a través de la negociación colectiva en las empresas y mediante el diálogo social y la concertación en las instituciones.

En los centros de trabajo

La democracia no puede quedarse a las puertas de las empresas. Sin representación estaremos mucho más desprotegidos y tendremos menos derechos. Por eso es esencial que se lleven a cabo elecciones sindicales en todas las empresas donde se puedan promover (con más de seis trabajadores). Los planes de igualdad o el derecho a la formación, por ejemplo, requieren de la intervención sindical.

Por otra parte, urge un nuevo marco normativo que revierta las reformas que han precarizado y deteriorado las condiciones de trabajo, y reequilibre las relaciones laborales. Hay que modernizar nuestra legislación también para dejar atrás las altas tasas de temporalidad y recuperar la causalidad de los contratos de trabajo, evitando el recurso a los despidos.

Necesitamos garantizar la prórroga automática de los convenios mientras se aprueba uno nuevo que lo sustituya; hacer prevalecer el convenio sectorial sobre el (menos garante) de empresa; y recuperar la autorización administrativa para los expedientes de regulación. Durante la pandemia los ERTE se han convertido en una seria alternativa para evitar los despidos masivos, una fórmula que ha venido para quedarse.

Para garantizar el cumplimiento de la legislación y recuperar la dignidad en el trabajo hay además que reforzar la Inspección, con más medios y personal. En Asturias contamos con la “ridícula” cifra de 17 inspectores para vigilar el cumplimiento de la normativa laboral con 374.110 trabajadores y trabajadoras (uno por cada 22.006), lo que hace imposible una actuación eficaz.

Porque, entre otras responsabilidades, deben también vigilar el abuso de jornada. Nuestro sindicato ha calculado que con las horas extras no remuneradas (que se han disparado durante la pandemia a causa en buena medida del teletrabajo) se podrían crear 4.400 empleos en Asturias.

Nos enfrentamos, efectivamente, a nuevas realidades. En estos últimos meses se ha disparado, por ejemplo, el teletrabajo. El Banco de España estima que en un futuro cercano podría alcanzar al 30% (en junio rondaba el 8,3% de la población ocupada), es decir, en torno a seis millones de trabajadores y trabajadoras. Y estamos ante una relación laboral que hay que regular a través de la negociación colectiva, adaptando las directivas europeas, para evitar abusos (aportación de los medios, horas extras sin remunerar, derecho a la desconexión…) y evitar que se ahonde en la brecha salarial si son las mujeres las que quedan en casa al cargo.

El sindicato no ha dejado de adaptarse a los nuevos tiempos laborales: la cuarta revolución industrial, la economía digital, el trabajo colaborativo y el empleo atípico. Una de las tareas primordiales es integrar la negociación colectiva en esas fábricas virtuales.  Y la organización debe tener elasticidad para acceder a colectivos de trabajadores y trabajadoras cada vez más dispersos.

Muchas de las empresas de la nueva economía están trasladando además el riesgo del emprendimiento a los trabajadores (junto a las obligaciones tributarias). También hemos descubierto con la experiencia que la precarización del trabajo no ha estado necesariamente asociada a los cambios tecnológicos, sino más bien a la aplicación de políticas neoliberales.

La “crisis del empleo” abre otro debate. Y lo hace apremiante. Con 80.990 personas en paro registradas en Asturias en julio de 2020, y tras décadas de políticas activas con resultados más bien exiguos, quizá sea el momento de afrontar con valentía el reparto del trabajo (porque es una realidad que el trabajo escasea).

Podemos tomar nota de iniciativas que ya se están probando en algunas empresas y países. Podemos recuperar aspiraciones ya no tan utópicas  como “trabajar menos para trabajar todos”. Podemos actualizar la propuesta visionaria (hace siglo y medio) de Paul Lafargue, el humanista cuñado de Marx, quien atisbaba un mundo en el que, fruto de los avances técnicos y la inteligencia colectiva, apenas tendríamos que trabajar cuatro horas diarias para tener garantizadas nuestras necesidades básicas.

Lo cierto es que deberíamos replantearnos seriamente, y de manera integral, el concepto de “trabajo”, integrando el trabajo “no asalariado” que generalmente realizan gratis las mujeres. Y la conciliación no es un asunto “de mujeres”. En la sociedad igualitaria por la que luchamos todas las mujeres y hombres deberían tener garantizado un empleo bien  remunerado y “repartirse” equitativamente las obligaciones y responsabilidades domésticas, la crianza de los hijos y la atención a los mayores.

En cualquier caso, nuestro país necesita de forma urgente crear más empleo público para reforzar la sanidad ante los desafíos de la pandemia, la educación para adaptarla a la nueva realidad (Italia acaba de anunciar la contratación de 84.000 maestros y profesores más por todo el país), y en general los servicios públicos.

El trabajo está en el centro de nuestras vidas. Pero hemos visto en estos últimos meses que los denominados trabajadores y trabajadoras “esenciales” desempeñan su labor en condiciones de extrema vulnerabilidad: trabajan más, lo hacen en peores condiciones, cobran menos. No solo en la limpieza y los supermercados, incluso en el sector sanitario sus condiciones laborales no aguantan una comparación con las de la mayoría de los países de nuestro entorno.

Y tenemos que hablar de salud laboral. Porque la precariedad también mata. Desgraciadamente, los servicios de prevención de riesgos laborales no han estado a la altura durante la pandemia, con consecuencias nefastas para miles de trabajadores y trabajadoras que han enfermado por falta de equipos de protección. Y hay que reconocer de una vez todas las enfermedades profesionales. Nos va la vida en ello. Ambientes saludables y motivadores nos harán mejores trabajadores, personas más felices.

El mundo está cambiando, quizá para siempre. Y desde el sindicalismo de clase, también a escala global, debemos promover reformas para corregir y regular las cadenas de producción y suministro, extendiendo el trabajo decente en todos los procesos.

De igual modo, ante un nuevo paradigma en las dinámicas de consumo y el cambio de hábitos, se producirán -ya lo están haciendo- cambios drásticos en la hostelería, el turismo o el comercio textil, que obligarán a negociar otras formas de organización del trabajo. Y es una responsabilidad del sindicato garantizar que los trabajadores y trabajadoras no salimos perdiendo.

En el ámbito sociopolítico

Otra evidencia que nos deja la pandemia es la importancia del Estado. La necesidad de que nos proteja. Y para eso tiene que ser fuerte.

Incluso quienes más lo demonizaban han ido ahora a protegerse tras su escudo. Hasta los más ultraliberales corrieron a pedir subvenciones, ayudas, exenciones fiscales… El Estado no era el problema sino la solución.

Se ha demostrado que necesitamos servicios públicos fuertes, eficaces, como venimos defendiendo y reclamando históricamente desde Comisiones Obreras. Como también hemos hecho, en las instituciones y en la calle, con el sistema público de pensiones.

Y somos partidarios de que el sector público intervenga en los sectores estratégicos: transportes, comunicaciones, banca, industria y energía… Y entendemos que la participación en las empresas privadas debe hacerse con el objetivo de darles estabilidad, no para socializar las pérdidas.

Defendemos un modelo productivo sustentado en la industria y alimentado por la innovación. Y para impulsar la ciencia y la tecnología, en un contexto en el que el conocimiento será cada vez un bien más preciado, el papel de la Universidad y la formación profesional dual es esencial.

También es inequívoca nuestra apuesta por la economía verde y las políticas de protección medioambiental. Porque aquí vivimos y esta tierra nos alimenta. Por eso la necesitamos sana.

La vivienda es otro caballo de batalla. Se trata de un derecho constitucional que no puede convertirse en una carga insoportable. Lo hemos reivindicado siempre, impulsando incluso, con la Unión General de Trabajadores, una iniciativa legislativa popular en 2012 por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el apoyo al alquiler social. Más recientemente, en marzo de este 2020, ambos sindicatos hemos presentado una “Iniciativa sindical por el derecho a la vivienda”. Entre las 50 propuestas incluidas en nuestro “Plan Asturiano de Recuperación” planteamos anticipar las ayudas de alquiler, ampliar su cuantía y cobertura; y un plan de inversión en el parque de vivienda de alquiler público.

Ahora nos encontramos ante una emergencia sanitaria, económica y también social. La pandemia ha elevado en 14.000 el número de pobres en Asturias. Su mayor impacto se ha producido entre mujeres (siete de cada diez personas que cobran el salario mínimo lo son), migrantes y personas de baja cualificación. Por si fuera poco, las personas con menos ingresos perderán ocho veces más que las más ricas.

La pobreza es una vergüenza. También la pobreza laboral, que afecta de manera creciente a millones de personas en nuestro país que, incluso teniendo empleo no consiguen garantizarse unos mínimos de subsistencia.

Para paliarlo acaba de aprobarse un ingreso mínimo vital, por el que veníamos luchando, pero que consideramos manifiestamente mejorable. En Asturias, además, estaremos vigilantes para que se pueda complementar con el salario social -una conquista fruto en gran medida de la perseverancia de Comisiones Obreras- y evitar que las personas caigan en la exclusión, aprovechando los recursos disponibles para ampliar la protección y generar empleo.

Pues bien, para hacer frente a este inmenso gasto social, el que supone combatir la pandemia, reflotar la economía, fortalecer los servicios públicos, proteger a las personas…, hacen falta ingresos. Y ahí entran los impuestos. Porque las políticas fiscales son el principal y más eficaz elemento redistributivo. Por eso venimos exigiendo una reforma con la que el Estado recaude más y mejor.

Nuestro país tiene en la actualidad una brecha de nueve puntos en la recaudación con respecto a la media europea. Entre otras medidas proponemos un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios, un tributo a las transacciones financieras, la reforma del impuesto de patrimonio, condicionar las ayudas a los empresarios a comportamientos fiscales responsables, mayor presión a las rentas del capital en el IRPF… Además de redoblar la lucha contra la evasión de impuestos, el fraude y la economía sumergida.

Y creemos en Europa, pero en una Europa solidaria. Por eso entendemos que debe ser el marco para la reconstrucción economía y social. Si queremos avanzar además hacia una negociación colectiva común y una mayor capacidad de intervención hay que fortalecer la Confederación Europea de Sindicatos.

Finalmente, como hemos venido demostrando, tenemos un compromiso inequívoco con la igualdad, porque somos un sindicato feminista: entendemos que la mayor fortaleza de las mujeres pasa por tener garantizada su independencia económica y vital; defendemos los avances legislativos a través de nuestra participación institucional; nos implicamos con los planes de igualdad en las empresas; y salimos los últimos martes de cada mes a las calles para reclamar tolerancia cero contra el terrorismo machista.

FIELES A NUESTROS PRINCIPIOS

El camino a recorrer está plagado de incertidumbres y desafíos, pero sin duda estaremos más cerca de nuestros objetivos si cargamos la mochila con los principios que nos han traído hasta aquí: independencia, militancia y entrega, organización y unidad, una firme apuesta por la igualdad social, y entre hombres y mujeres, y la convicción de que otro mundo, más justo y solidario, es posible.

Se trata en todo caso de dar las “viejas” batallas para alcanzar nuevos retos, en diferentes y cambiantes escenarios. Nuestro sindicalismo tiene que ser firme en el fondo y flexible en las formas. Y quizá el principal reto sindical de los próximos años sea precisamente demostrar nuestra capacidad de adaptación para seguir siendo un instrumento útil en la conquista de más derechos y más igualdad.

Practicamos un sindicalismo de proximidad, pegados al tajo. No hay conflicto pequeño y ningún ámbito laboral nos es ajeno. Somos una organización de trabajadores y trabajadoras (no simplemente para trabajadores y trabajadoras) al servicio, sin distinción, de los trabajadores y las trabajadoras. De una sociedad mejor.

Ahí seguiremos. Ahí nos tendrán.

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