Marco García Fernández  es responsable de la Corriente Sindical d’Izquierda en la Administración del Principado de Asturias

Decía un alto cargo de la administración asturiana que cuando llegas a consejero y no sabes qué hacer, primero realizas nombramientos y un par de años después reestructuraciones. No hay duda, estamos en los dos años después…

La administración asturiana sufre muchos problemas de gestión de sus competencias, de obtención de recursos y de políticas de personal, pero posiblemente su mayor problema es la total ausencia de visión política del territorio que se pretende gobernar. No se tiene ningún interés en dirigir la administración hacia un modelo social o de país propio, asturiano y de progreso social, tanto en lo económico, como en lo industrial, territorial o cultural. Aburre hasta el infinito que todavía sigamos con algunos estertores del provincianismo  covadonguista tan mimado por los partidos afectos al régimen del 78.

¿Qué es una reforma de la administración para la clase política? Entiendo que no puede haber una definición clara sin fijarnos en los intereses de los sujetos políticos que las protagonizan. Así que para la derecha franquista española (con complejos o sin ellos), una buena reforma sería reducir a la mínima expresión la administración, poner en cargos administrativos de relevancia a acólitos y parentela política o personal, y privatizar el dinero público, regalarlo a sus otros acólitos y parientes mediante inyecciones de dinero público a las empresas privadas afines con subvenciones y concesiones públicas, preferiblemente amañadas, antítesis de la libre concurrencia. Sus favoritos suelen ser los empresarios sin límites éticos que claman por los recortes en la administración y la esclavitud en las relaciones laborales. La consecuencia: corrupción endémica, asociación criminal para malversación del dinero público, y como efecto colateral la precariedad laboral, los servicios públicos desbordados, incapaces e infradotados, y el expolio de las arcas públicas. El miedo, el desánimo y la precariedad es la realidad de los empleados y empleadas públicas, salvo acólitos y parientes…

¿Y los otros sujetos políticos? En Asturies, la experiencia sólo nos lleva a la socialdemocracia conservadora, parecida a una derecha democrática al estilo europeo, que se enfunda la etiqueta de izquierda en elecciones mientras agita el inmovilismo como argumento. Se dan un aire a los anteriores pero con mejor marketing, suelen tejer una red clientelar más extensa, los favores son más repartidos, y su lenguaje más adormecedor. El resultado: una administración carente de iniciativa, también financiadora de empresarios adictos al dinero público y a las críticas al “excesivo número de funcionarios”. No nos olvidemos que también promueven una red extensa de nombramientos en altos cargos de confianza, empresas de dinero público (y gestión privada) para otros acólitos y algún pariente político. La consecuencia es una administración pública con pocos recursos para la gestión directa, y muchos para sus chiringuitos y empresarios colaboradores (que aquí son legión, por muy “liberales” que se sea). El hastío, el desánimo y una creciente precariedad es la realidad de los empleados y empleadas públicas. Cuando al mando está la meritocracia del partido ¿qué puede salir mal?

¿Reformar para avanzar?

Para reformar una administración hay que conocer esa administración. Puede que identificar su volumen y sus problemas sea fácil, pero saber cómo y para quién se busca soluciones no tanto. Aquí es donde juega la primera premisa que establecíamos, la imprescindible visión política de hacia dónde queremos llegar para saber cómo hacer ese camino.

En la CSI partimos de un principio básico: la defensa de los servicios públicos, en el convencimiento que SÓLO una administración pública puede generar unos servicios públicos de calidad para TODAS las personas, con independencia de su origen y situación social. Garantizar el acceso universal a la salud, educación, a una vida libre y digna requiere una administración musculada, bien organizada y dimensionada, con profesionales que accedan en procesos basados en la igualdad, mérito y capacidad, con condiciones laborales dignas y recursos suficientes, y sólo entonces la ilusión, el compromiso, la eficiencia y la integridad serán la norma y no la excepción. Ahora  vemos cada día el desánimo y la desmotivación entre los empleados y empleadas públicas, que pasa a impotencia cuando faltan medios y el resultado son unos servicios públicos deficientes e insuficientes para atender las necesidades colectivas.

Todo esto en la práctica significa que las funciones que deberían realizarse por empleados y empleadas públicas dentro del ámbito de sus competencias se transfieren en parte o totalmente a empresas privadas grandes o pequeñas, que bajo la premisa de obtener el máximo beneficio gestionan los servicios públicos. Y ¿por qué? Porque según los principios liberales, aceptados de forma incuestionable desde la política oficial, el capítulo 1 de personal público debe disminuir en todos los presupuestos (salvo las FOP y FFAA para los que no hay límite), y aumentar el resto de capítulos destinados a inversiones o transferencias económicas, incluidas las sociedades, entes o empresas públicas. Otro tanto pasa con las inversiones en medios materiales propios de la administración, siempre en cuestión, siempre los primeros en sufrir los recortes.

Pondremos un ejemplo práctico: en plena crisis, del 2011 al 2016 en los presupuestos destinados a la conservación pública de la red de carreteras asturianas las inversiones en maquinaria, vehículos y material para la propia administración asturiana fueron cero euros, durante cinco años cero euros. En ese periodo de cinco años una multitud de empresas privadas ingresaron más de 57 millones de euros por hacer las tareas de conservación reservadas a la propia administración. En el 2017, después de cinco años sin invertir ni un céntimo en medios propios, se destinaron ¡doscientos mil euros! a “renovar” maquinaria. Estamos hablando de más de 200 vehículos entre quitanieves, palas, camiones, furgonetas, tractores… que permiten atender las emergencias y el mantenimiento, retirar argayos, limpiar nieve, hacer el desbroce, la limpieza de calzadas en caso de siniestros, etc., etc. Por cierto, la antigüedad de cerca de la mitad de estas máquinas supera los treinta años de servicio, con las lógicas averías y el evidente riesgo para la seguridad del personal que las maneja.

¿De dónde salen los más de 57 millones de euros extras en la mayor etapa de recortes? No estaba presupuestado ese dinero para hacer esos servicios durante esos años, nadie sabe los argayos o incidencias que puede haber, ¿cómo lo hacen? Ahí está la gestión de la contratación pública, las modificaciones presupuestarias, obras urgentes por razones de emergencia, el uso y abuso de todos los recursos legales que permiten a una administración trasladar a empresas privadas (a cuantas más mejor, que el botín bien repartido genera más agradecimientos y más afinidad) sus obligaciones en detrimento de sus propios servicios, sin personal suficiente y deficientes medios. El dinero no es problema, el problema es dónde están las prioridades para destinar ese dinero. Si esto lo repetimos año tras año, el resultado es nuestra penosa realidad y el desprestigio de los propios servicios públicos. Es sorprendente que nunca auditemos la eficacia de estas privatizaciones de actividades, ni el resultado que obtendríamos de aplicar ese dinero de forma directa por la propia administración.

Una reforma de la administración precisa de un diagnóstico pormenorizado de su estructura socio laboral adaptado a las necesidades de la ciudadanía.

Su modernización debe consolidar la dotación y la prestación de los servicios esenciales, abordando una renovación generacional de las veteranas plantillas consecuencia de una muy deficiente oferta pública. Una estructura que evite duplicidades en servicios y competencias. La necesaria reforma del sector público no puede obviar una racionalización de su propio sector empresarial y fundacional público, eliminando duplicidades y aquellos entes cuya función es de mera intermediación entre administración y ciudadanía.

La dotación de medios materiales suficientes, la movilidad voluntaria, el teletrabajo regulado, una formación racional,  junto con la imprescindible estabilización de las plantillas y su refuerzo en las áreas más sensibles como son las sanitarias, sociosanitarias y docentes, significarían una declaración de intenciones de hacia dónde se dirige una reforma social de la administración.

Si sumamos una absoluta transparencia en la gestión de nuestra administración, una auditoria pública de la administración paralela y su reducción a la mínima expresión con el objetivo final de su desaparición, la supresión de las redes clientelares, una evaluación rigurosa de los costes/beneficios de todas las privatizaciones que soportamos incluidos los conciertos sanitarios, educativos y sociosanitarios, si además apostamos por recuperar los servicios externalizados o privatizados, entonces sí podemos hablar de una reforma de la administración con una visión política y vocación de servicio público.

¿Será esta la visión del gobierno asturiano? Se admiten apuestas, aunque advierto que las intenciones del gobierno cotizan muy a la baja…

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