Pedro González de Molina Soler es profesor de Geografía e Historia,  ExSecretario de Educación y Formación de Podemos Canarias y militante de CCOO.

Estamos viviendo probablemente el curso escolar más atípico desde la posguerra. La aparición de la pandemia de la COVID19 el curso pasado trastocó el curso escolar con consecuencias que todavía no se perciben con demasiada claridad. Sabemos que un porcentaje del alumnado se desconectó durante el confinamiento, que afectó especialmente al alumnado vulnerable (con necesidades lingüísticas, de PMAR, con problemas de aprendizaje, con escasos medios, etc.). El Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación calcularon que entre un 10 a un 15% del alumnado, que varía mucho entre CC.AA., barrios, ciudades, etc., se desconectó durante este período. Añadan al trimestre dado a medio gas, con el pobre sustitutivo que son las clases online, el tercio de aprendizaje que se pierde en los meses de vacaciones de verano y comprobarán que el panorama es desolador.

Si el problema hubiese sido sólo de medios, se hubiera solventado con cierta rapidez. Pero a los medios hay que añadirles la falta de competencias para el uso de las herramientas digitales (aunque sea irónico al hablar de los famosos “nativos digitales”), los problemas de conexión a internet, los problemas de espacio o que el aparato que había en casa se tuviese que repartir entre varias personas.

La enseñanza presencial es insustituible para todo el alumnado, que no sólo aprende conceptos, teoría, competencias, educación en valores, ciencias, letras, artes, u otras disciplinas, sino que también aprende a socializarse, a ser disciplinado, a pensar por sí mismo, etc. Todo esto es muy difícil de transmitir a través de una pantalla y con distracciones alrededor. No se logra el mismo efecto. Recordemos que en la Universidad, donde el alumnado no necesita tanto el espacio de socialización o la tutorización de un docente, los estudios que más se abandonan son los online.

La escuela y el covid 19

Si estamos de acuerdo con que la Escuela presencial es insustituible, y así nos lo han hecho saber la Ministra de Educación, Isabel Celáa, como los Consejeros/as de Educación de las CC.AA., habría que intentar lograr que la vuelta a las clases sea lo más segura posible, aunque sepamos claramente que no pueden ser 100% seguras.

La propuesta más evidente y clara es utilizar los fondos COVID, que ha puesto el Gobierno central a disposición de las CC.AA., reducir las ratios y contratar docentes. Esto choca en numerosas CC.AA. con la política que se estaba llevando desde hace tiempo, o se ha empezado a ejecutar en esta legislatura, que es perjudicar a la Escuela Pública en favor de la Concertada-Privada. Pongamos que hablo de Madrid o de Andalucía. En el caso de Madrid, que es la Comunidad modelo de la política neoliberal, segregadora y clasista del PP (y las derechas nacionalistas, con la excepción del PNV), lleva años “desmochando” a la Educación Pública a favor de la Concertada-Privada, teniendo el mayor número de alumnado matriculado en estas (53% frente al 47% respectivamente), además de ser la Comunidad más segregada de España por clase social y que ha tenido varios casos de corrupción derivados de la adjudicación de suelos a dichos centros. Si la COVID19 ha demostrado la necesidad de fortalecer lo Público, en especial la Sanidad y la Educación, ¿por qué el Gobierno de Díaz Ayuso (y otros presidentes del PP) va a dar marcha atrás a su programa político en estas circunstancias? Es evidente que reducir las ratios y contratar docentes va a mejorar la calidad de la Educación y puede reducir la distancia entre la Pública y la Concertada-Privada, pero si la Pública mejora habría menos incentivos para enviarlos a la Concertada. Reforzar el Estado del Bienestar no está en la agenda del PP tal y como están demostrando. La pregunta es obvia: ¿Qué han hecho las Comunidades Autónomas del PP, la catalana y alguna del PSOE con los fondos COVID? Porque las propuestas de muchas Consejerías son claramente insuficientes para afrontar las necesidades de la Educación, además de que en algunas Comunidades los fondos serán repartidos para contratar personal entre la Pública y la Concertada. En Andalucía, como en otras Comunidades, se descarta bajar las ratios. Les pongo un ejemplo, en Andalucía, en mi IES hay 3 clases, dos de 2ºESO y una de 4ºESO, a 34 alumnos/as y no nos han permitido hacer desdobles.

Algunas CC.AA. están contratando sucedáneos de docentes que son los llamados “docentes COVID”, digo sucedáneos porque los contratos, aunque son prorrogables, serán hasta diciembre, lo que complica a los centros escolares su asignación para tareas concretas. El segundo problema que tienen es que dichos docentes (dos de ciencias y dos de letras en el caso andaluz, aunque no se saben de qué especialidad) si no llegan antes del claustro de comienzo de curso no se les podrá asignar un horario como al resto de los docentes y habrá que rellenar sus horarios de guardias y más guardias. Sería mucho más interesante bajar las ratios para reducir las posibilidades de contagio, contratar a más docentes  (CC.OO. calcula que hacen falta unos 70.746 docentes para todo el país) para mejorar la calidad de la Educación y poner medios para que si se produce un confinamiento en alguna clase o centro el alumnado pueda seguir las clases a distancia correctamente.

Por último, las Consejerías de Educación han delegado sus funciones de orientar con protocolos claros a los centros escolares, que luego se pudiesen modificar según las necesidades de cada centro. Dicho de otra manera, han hecho dejación de funciones endosando las responsabilidades a los equipos directivos y a los/las coordinadores/as COVID, que han recibido una formación de 10 horas y son las personas responsables de realizar los protocolos en cada centro. De enviar a personal con conocimientos y formación sanitaria suficientes nada de nada, que con un curso de 10 horas y buena voluntad se arregla todo. Esa dejación de funciones tiene un objetivo claro: responsabilizar a los equipos directivos o al coordinador/a COVID de los problemas acaecidos en el centro escolar con respecto a la pandemia. Por no hablar de la pruebas que se hará a los docentes, desde el negocio que ha montado el PP de Madrid para RIBERA Salud, pasando por las enormes colas, o lo irracional de que las pruebas no se hagan con mayor frecuencia.

Para que no titulemos este inicio escolar como “Se ha escrito un crimen”, las Consejerías de Educación deben velar por los intereses de los educandos y de los trabajadores de nuestro sector. Reforzar lo Público es imprescindible, no sólo por justicia sino también por Salud Pública.

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